La anexión de Cisjordania: un nuevo paso en la conquista israelí de Palestina
Las consecuencias del plan sionista están a la vista: violación sistemática de los derechos humanos a los palestinos, miles de asesinados y encarcelados, la expropiación territorial y la imposibilidad de su autodeterminación nacional.
"Siendo así, la realidad palestina estaba ayer, está hoy y muy probablemente estará mañana basada en un acto de resistencia a este nuevo colonialismo extranjero. Pero es más probable que permanezca la resistencia inversa que ha caracterizado al sionismo y a Israel desde el principio: la negativa a admitir, y la consecuente negación de, la existencia de los árabes palestinos, que no son simplemente una inoportuna molestia, sino una población con un vínculo indisoluble con la tierra", de Edward Said en "La Cuestión Palestina" (1979).
Por Gabriel Sivinian
Si un Estado tiene como principal antecedente la apropiación de espacios geográficos y el impulso a la migración de su población a partir del compromiso de una potencia colonial invasora;
Si ese Estado conforma sus instituciones y su base demográfica, primordialmente, al amparo de esa fuerza imperial usurpante, devenida Mandataria y opresora de la población nativa;
Si tal Estado, pese a que su población constitutiva es minoritaria y usufructúa un seis por ciento (6%) de la geografía local, se implanta sobre el setenta y dos por ciento (72%) de aquella; siendo que le correspondería el cincuenta y cuatro por ciento (54%), de acuerdo a la Resolución del organismo internacional que esgrime como fuente de su legitimidad;
Si, aunque dicha Normativa no resulte vinculante y nunca fue respetada por las partes, el citado organismo internacional lo admite como Estado miembro un año después de su unilateral instauración y ratifica la conquista bélica como fuente de derecho, contrariando su Carta Fundacional;
Si años más tarde, tras nuevas guerras, el Estado ocupa la totalidad del territorio asignado al pueblo autóctono y se extiende a regiones de países contendientes, retirándose luego de unas y anexando otras, con aval de la principal potencia imperial del planeta;
Si distintos Gobiernos de ese Estado-(auto) definidos de izquierda, centro o derecha-proceden a la expulsión de los originarios, a la expropiación y el memoricidio y llevan adelante un genocidio progresivo; estigmatizando, hostigando, aislando, debilitando y masacrando sistemáticamente al pueblo nativo;
Si todo esto ocurre durante décadas, frente a la pasividad de la comunidad internacional que consiente el incumplimiento de sus leyes y el estado de excepción permanente;
¿Puede sorprendernos que en pleno siglo XXI el Primer Ministro de tal Estado comunique que anexionará territorios apropiados ilegalmente hace cincuenta y tres (53) años, pertenecientes al pueblo agredido?
Un Estado al margen del Derecho Internacional Público
Por inverosímil que parezca, el Estado de Israel, obra dilecta del colonialismo británico y protegido del imperio estadounidense, suele presentarse como un designio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir de la falaz interpretación de la Resolución 181/47.
En verdad, constituye un proyecto esbozado por la Organización Sionista cuyo sostén ha sido el poder material y cultural de las potencias anglosajona y estadounidense, expresadas simbólicamente en documentos que tienen un siglo de distancia. Estos son la Declaración Balfour (1917), en alusión al escrito que el ministro de Relaciones Exteriores británico y dirigió al barón Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía del Reino Unido, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda y el Acuerdo del Siglo (2020), propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para resolver el “conflicto israelí-palestino”, dada a conocer en una conferencia de prensa junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en enero pasado.
Su aceptación en el seno de la ONU a través de la Resolución 273/49 constituye el “pecado original”, ya que el Estado de Israel es incorporado luego de anexar territorios conquistados durante la primera guerra árabe-israelí, en contraposición con la misma Resolución que presenta como fuente de legalidad.
Desde ese momento, el Estado de Israel ha violentado metódicamente el Derecho Internacional Público.
Su implantación en Palestina en 1948, con el trasfondo del genocidio ejecutado por el nazismo sobre la población europeo judía, ha provocado la Nakba, esto es, la Catástrofe para el pueblo nativo. Uno de sus capítulos principales es la Naksa, el gran revés de 1967, por el cual el Estado de Israel completa su expansión y se transforma en potencia ocupante en el territorio de Gaza y Cisjordania, Jerusalén Oriental incluida.
Recientemente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado que su gobierno anexionará el treinta por ciento (30%) de la zona ocupada de Cisjordania, equivalente a la mitad del territorio de la Zona C, estipulada en los Acuerdos de Oslo (1993). Viven allí setecientos mil colonos ilegales, asentados por la fuerza ocupante en flagrante violación de la IV Convención de Ginebra. Esto constituye un crimen de guerra de acuerdo al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo del Tribunal Penal Internacional (TPI).
Para cautivar al electorado su adversario y ahora socio y sucesor, Benny Gantz, se mostró igualmente favorable a trabajar para lograr la anexión del valle del Jordán, como también propuso Netanyahu.
Un Estado al margen del Sistema Internacional de Derechos Humanos
Conformar un Estado judío etnocrático, excluyente y homogéneo fue el objetivo del movimiento sionista desde su constitución a fines del siglo XIX. Tal proyecto se erige como una de las posibles respuestas a la llamada “Cuestión Judía”, esto es, la segregación, persecución y masacres que padecían esas minorías en Europa oriental y central.
En colusión con los intereses del Imperio Británico, Palestina fue definida como territorio del Estado a conformar. Trasladar a los colonos europeos y despejar la tierra de su población originaria son las metas permanentes de una empresa que lleva más de un siglo de realización; desde Teodhor Herzl, su ideólogo y Ben Gurión, su adelantado ejecutor, hasta los citados Netanyahu y Gantz.
Las consecuencias que provocó este plan están a la vista: la violación sistemática de los Derechos Humanos del pueblo de Palestina; miles de asesinados y encarcelados, la expropiación territorial, la expulsión de la mitad de sus miembros; el quebrantamiento de sus derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales; la imposibilidad de su autodeterminación nacional.
Sin embargo, la inclaudicable resistencia de los palestinos permite que el proyecto de dos Estados lindantes, contenido en la Propuesta del Plan de Partición de Palestina (Resolución 181/29 de noviembre de 1947), perdure en la agenda internacional.
Algunos analistas plantean que esta inminente decisión del gobierno de Netanyahu acabará definitivamente con el “dogma de los dos Estados”. Esto es, el principio de “dos estados para dos pueblos” como condición para la solución del conflicto, actualmente apoyado por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), la Liga Árabe, la Unión Europea y la mayoría de la comunidad internacional.
Otros especialistas afirman que dicha posibilidad ya es irreal; que el régimen de ocupación israelí ha creado una situación irreversible en Cisjordania, incluida Jerusalén oriental y en Gaza. Entonces, los palestinos no tendrían más que un conjunto de bantustanes, apenas una parodia de Estado. En ese sentido, la anexión abriría una etapa que pondría en evidencia el régimen de apartheid existente. Así, la única alternativa admisible para los propios israelíes y la comunidad mundial sería un estado binacional, con igualdad de derechos entre ambos pueblos.
El dilema sionista y el destino de los palestinos
La alternativa descripta concierne a los ejecutores del proyecto colonial sionista e interpela a los actores involucrados, fundamentalmente a la Autoridad Nacional Palestina y las distintas organizaciones de su sociedad política, civil y religiosa.
Al Estado de Israel le resultará imposible, simultáneamente, obstruir la creación del Estado palestino anexando sus territorios, mantener una mayoría demográfica judía y presentarse como una democracia.
Cierto es, sobran ejemplos históricos, que sea cual fuera la opción por la que el sionismo se defina, nada bueno puede esperar el pueblo de Palestina de sus opresores.
Esto no significa que cualquier decisión resulte semejante. No será igual si el pueblo palestino continúa siendo compulsivamente incorporado por el Estado de Israel, en el marco de un régimen de segregación y exclusión social o si logra conformar un Estado, aunque sea en un muy limitado, atomizado y cercado territorio de su Patria Histórica.
En un caso, la lucha se centraría en el reconocimiento de la “igualdad de los derechos básicos de israelíes y palestinos en un estado democrático entre el río Jordán y el mar Mediterráneo”.
En el otro, la disputa sería por dotar a ese Estado, que pese a sus limitaciones se encuentra en proceso constitutivo, de los atributos propios de su condición: soberanía territorial efectiva, pleno reconocimiento internacional, instituciones de gobierno como autoridad suprema, monopolio fiscal y de la fuerza legal, fuerzas armadas permanentes, relaciones externas independientes, entre los más importantes.
Ambos escenarios parecen inalcanzables; no son justos ni ideales, pero tampoco similares.
Para el pueblo de Palestina, el axioma “cuanto peor mejor” conllevará más sufrimientos y no garantizará la consecución de su objetivo de emancipación nacional.
Ante este panorama, la única certeza es que en un caso o en el otro, o aún ante la continuidad del status quo, el pueblo palestino perpetuará el vínculo indisoluble con su tierra y no desaparecerá.
Acompañará como su sombra al Estado que lo ha despojado de la vida de sus hijas e hijos, de sus derechos individuales y nacionales y de sus territorios, perturbando el desarrollo de su historia y de su cultura.
Continuará su lucha contra nuevo colonialismo en su Historia, desde el interior del Estado de Israel, desde su propio Estado (restringido o soberano), desde los territorios ocupados, desde los campos de refugiados y desde las comunidades diaspóricas.
Hasta que logrará Justicia, en cumplimiento del mandato ético que los y nos convoca como Humanidad.
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