Palestina: la solidaridad es urgente

Desde 1948, el Estado de Israel impulsa la expulsión de la población autóctona palestina para su reemplazo por colonos judíos, política que es el origen y causa de todas las hostilidades, incluidas las actuales.

Por Gabriel Sivinian*

Entre los días 6 y 21 de mayo pasado asistimos a una nueva escalada criminal del Estado de Israel sobre el pueblo palestino.

No escapa siquiera a una lectura distraída, y aún sometida a las tergiversaciones de la prensa abiertamente pro-israelí o pretendidamente equidistante, que no estamos en presencia de una guerra que enfrenta a dos Estados.

La enorme disparidad de fuerzas materiales y humanas enfrentadas explica los daños infringidos entre ambas partes: 285 personas fallecidas entre las y los palestinos, de las cuales 70 eran niñas y niños frente a 12 personas israelíes, entre las cuales se encuentran dos niños. Luego, solo entre el pueblo de Palestina, se registran 9.180 personas heridas, 113.000 personas desplazadas, 2.650 personas detenidas; además de 17.000 viviendas, centros escolares, unidades sanitarias y locales comerciales destruidos o dañados y redes sanitarias y eléctricas e infraestructura urbana averiadas.

Los ataques realizados en forma directa por las fuerzas del Estado de Israel y los que promueve a través de grupos de choque civiles -colonos fundamentalistas que ocupan ilegalmente Jerusalén Oriental y Cisjordania-, además de la segregación institucionalizada que soportan los palestinos con ciudadanía israelí-, constituyen actos de violencia que se inscriben en la Nakba (Catástrofe) continua que padece y resiste el pueblo de Palestina.

En esta oportunidad, la arremetida comenzó con los desalojos en los barrios palestinos de Sheikh Jarrah y Silwan y la represión a las multitudes de fieles en la Mezquita de Al Aqsa durante el mes de Ramadán. Estas provocaciones encendieron el levantamiento popular palestino y la premeditada reacción estatal israelí.

La política descrita-cierto que con métodos variados-lleva más de siete décadas en ejecución.

Desde 1948, año de su implantación en Palestina, el Estado de Israel impulsa la expulsión de la población autóctona para su reemplazo por colonos judíos, política que es el origen y causa de todas las guerras y las hostilidades, incluidas las actuales. Estamos en presencia del enfrentamiento entre un pueblo invadido, segregado, martirizado, expropiado y expulsado ante una potencia ocupante.

Los argumentos de los defensores del Estado de Israel, que presentan sus embestidas como “un ejercicio del derecho a la legítima defensa frente a los ataques terroristas” resultan ridículos, al ser este Estado el promotor de la agresión. Encuadrar los sucesos en el marco de la nefasta “teoría de los dos demonios” es una postura hipócrita, que pretende mantener equidistancia entre el opresor y el oprimido.

El uso desproporcionado de la fuerza, el bombardeo de zonas residenciales densamente pobladas y la conversión de infraestructuras civiles en objetivos militares constituyen crímenes de guerra tipificados en el derecho internacional.

El hostigamiento continuo, el aislamiento a través de muros y bloqueos militares, el sometimiento económico, la humillación cotidiana, los castigos colectivos y los asesinatos y masacres recurrentes lesionan la integridad física y mental del pueblo palestino, lo que constituye un delito de genocidio tipificado en el art. 2 de la Convención Internacional de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio sancionada el 9 de diciembre de 1948, el mismo año de la Nakba.

En ese sentido, la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la conformación de una Comisión Especial que investigue las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por el Estado de Israel a partir del 13 de abril de 2021, resulta una noticia auspiciosa.

Asimismo, el reciente nombramiento del nuevo primer ministro israelí Naftali Bennett -quien rotará en el cargo con Yair Lapid, tras un inédito acuerdo multipartidario- ha servido para desplazar del poder a Benjamín Netanyahu, aunque no produce mayores expectativas en cuanto a un cambio de política hacia el pueblo palestino.

La clase trabajadora y el pueblo a través de sus organizaciones, el Estado nacional y la comunidad internacional deben denunciar las políticas criminales del Estado de Israel y pronunciarse solidariamente con urgencia en favor de los Derechos del pueblo de Palestina.

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* Coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward Said” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integrante de la Unión Cultural Armenia.