Turquía: ilegalizar la democracia
El gobierno turco intenta prohibir a uno de los principales partidos políticos de la oposición mientras despliega un plan represivo pocas veces visto.
Por Leandro Albani para La tinta
La democracia en Turquía está quebrada. Queda poco de esa idea –tergiversada, polémica y, según a quién se le pregunte, totalmente falsa o verdadera- de que, desde su fundación en 1923, la República turca fue un ejemplo de laicismo y libertades. La semana pasada, los girones de esa idea se perdieron en los vientos huracanados que el presidente Recep Tayyip Erdogan no se cansa de impulsar.
Una serie de hechos ocurridos en los últimos días, que tienen al gobierno turco como protagonista, refuerzan una realidad que en Turquía es angustiante y pone en peligro la frágil institucionalidad del país. Si esa institucionalidad cae, ya está lista una tropa conformada por islamistas radicales, ultranacionalistas y fascistas para controlar, sin mediaciones, el poder del Estado. Y Erdogan timonea a esa tropa macabra.
Ilegalizar a la oposición
La semana pasada, el Fiscal General del Tribunal de Casación, Bekir Şahin, presentó una demanda al Tribunal Constitucional para cerrar el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la tercera fuerza política de Turquía, que nuclea al movimiento kurdo, a la izquierda y a las minorías étnicas.
La acusación del fiscal es el supuesto intento de la organización de destruir y abolir “la unidad indivisible del Estado y de la nación”, además de reiterar una imputación que los kurdos de Turquía están acostumbrados escuchar: pertenecer a una organización terrorista, consigna judicial que el gobierno utiliza para encarcelar a dirigentes y militantes.
Como si fuera poco, en la acusación, se demanda que a 687 representantes del HDP se les prohíban las actividades políticas durante cinco años. Desde Estados Unidos hasta la Unión Europea (UE), criticaron la presentación de Şahin y alertaron sobre los peligros que corre la democracia turca.
Pervin Buldan y Mithat Sancar, co-presidentes del HDP, afirmaron en una declaración que el gobierno de Erdogan “ha convertido el Poder Judicial en un instrumento subsidiario y partidista que ahora utiliza como palo para diseñar la política”. A su vez, explicaron que la acusación “es un duro golpe para la democracia y el estado de derecho de nuestro país. Este gobierno ha inscrito su nombre en la historia como un gobierno golpista”.
Pese a la permanente persecución contra el pueblo kurdo de Turquía, y en particular contra el HDP, Buldan y Sancar remarcaron que la organización “no es sólo un partido, sino también una idea. Millones de personas han cerrado filas en torno a esta idea. Millones de personas se levantarán en defensa de su voluntad política y de su futuro”.
La vida de Öcalan
Dos días antes, se conocieron rumores en las redes sociales del país sobre la supuesta muerte del líder kurdo Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999 en la isla-prisión de Imrali, en el mar de Mármara. Öcalan, fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y líder y teórico principal del Movimiento de Liberación de Kurdistán, se encuentra totalmente aislado en Imrali, una isla donde funciona una base militar y que fue acondicionada como prisión.
Luego de su secuestro en Kenia en un operativo en el que participaron los servicios de inteligencia turcos (MIT), el Mossad israelí y la CIA, Öcalan fue trasladado a Turquía y sentenciado a muerte, condena que fue cambiada a cadena perpetua debido a la presión internacional y las masivas movilizaciones del pueblo kurdo.
El “sistema Imrali”, como es conocido el régimen carcelario en la isla, mantiene a Öcalan y a los presos políticos Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş sin comunicación con sus abogados y familiares, además de que se prohíbe a cualquier institución de derechos humanos constatar las condiciones en que se encuentran los presos. Hasta el momento, no se conocen noticias sobre Öcalan y los demás presos políticos en Imrali.
Contra las mujeres
De madrugada y sin escuchar el reclamo permanente del amplio movimiento de mujeres que existe en el país, el gobierno turco decretó la salida del país de la Convención de Estambul, un tratado internacional contra la violencia contra las mujeres que había firmado en 2011. La medida tomada ya había sido anunciada hace meses, por lo cual las movilizaciones y denuncias de organizaciones de mujeres turcas y kurdas fueron en aumento, alertando de las consecuencias futuras.
A principio de 2021, la plataforma “Vamos a parar los feminicidios” (Kadin Cinayetlerini Durduracagız, KCDP) publicó un informe en el que reveló que, el año pasado, en Turquía, se cometieron 300 feminicidios y otras 171 mujeres fueron encontradas muertas en condiciones sospechosas. La misma organización informó que, sólo en enero de 2021, en el país, fueron asesinadas 23 mujeres y otras 14 murieron en circunstancias extrañas.
La retirada de la Convención de Estambul se debe a la influencia cada vez mayor del Partido de Acción Nacionalista (MHP) en el gobierno. Esta formación, considerada de ultraderecha, es la principal aliada de Erdogan para manejar las riendas del país. A su vez, el propio mandatario dejó en claro varias veces su pensamiento con respecto a las mujeres, como cuando consideró que una mujer sin hijos era “media mujer”.
Conocida la noticia, miles de mujeres salieron a las calles, principalmente en Estambul. La diputada del HDP, Serpil Kemalbay, denunció ayer con la decisión tomada, “el gobierno se catapulta al vertedero de la historia” y que, una vez más, demostró su “mentalidad misógina”. Por su parte, la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, consideró “devastadora” la medida adoptada por el Ejecutivo, ya que la Convención es “una herramienta preciosa en los esfuerzos internacionales para proteger a mujeres y niñas de la violencia que afrontan a diario en nuestras sociedades”.
Política exterior de ocupación
En los últimos tres años, el gobierno turco reforzó una política sistemática de expansión territorial e injerencia externa. Meses atrás, durante la guerra entre Armenia y Azerbaiyan por la región de Artsaj, la administración Erdogan brindó, desde un principio, un pleno apoyo al gobierno azerí. Para eso, lo dotó de armamento de última tecnología y envió cientos de mercenarios que combatieron junto a los soldados azerbaiyanos, violando –otra vez- las leyes internacionales vigentes.
En el norte y este de Siria, y en especial en el Kurdistán sirio (Rojava), el Estado turco despliega un plan masivo de ataques, además de mantener un apoyo férreo a una constelación de grupo terroristas –muchos de ellos conformados por antiguos militantes de Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS)-, con el único fin de ocupar territorios y desbaratar el proceso de liberación encabezado por el pueblo kurdo desde 2012.
Desde hace meses, el nuevo blanco del Estado turco es la ciudad de Ayn Issa, cercana a la autopista internacional M4, que cruza de este a oeste el norte del país. Debido a los ataques, la semana pasada, un niño perdió la vida. Hasta ayer, Turquía continuaba con los bombardeos, mientras las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) mantenían la defensa de la zona. En un comunicado, las FDS informaron que destruyeron un vehículo blindado perteneciente a los mercenarios y que casi 20 yihadistas fueron ultimados. Los ataques turcos contra Ayn Issa, que ya llevan cuatro meses, asesinaron a nueve civiles y otros 16 resultaron heridos.
Fuegos del Newroz
Como todos los 21 de marzo, el pueblo kurdo celebra el Newroz, su año nuevo, una tradición compartida con persas y baluches. Y como todos los años, en Amed, capital histórica de Kurdistán, miles de personas se reúnen para dar la bienvenida a la primavera, glorificar la leyenda del herrero Kawa y redoblar la lucha histórica por libertad, autonomía y sus derechos históricos.
Las celebraciones de este año no fueron diferentes a otras: una marea humana se movilizó desde pueblos y ciudades para prender fogatas, cantar y bailar. Lo que también se repitió fue la represión desatada por el gobierno: la agencia de noticias ANF informó que la policía detuvo a 63 personas, la mayoría de ellas por “llevar chales y pañuelos de color amarillo, rojo y verde”. Entre los detenidos, había seis niños de entre 1 y 12 años de edad, que posteriormente fueron liberados. Al cierre de esta edición, 24 personas continuaban tras las rejas.
Luego de los arrestos, se denunció que muchos de los detenidos fueron torturados física y psicológicamente.
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Fuente: La tinta
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